¡CAMPEONES!
Una sola España pudo con la Alemania reunificada. Solamente juntos somos capaces de lograr las mayores hazañas. Así ha sido a lo largo de la Historia, y así debería seguir siendo.
lunes, 30 de junio de 2008
domingo, 29 de junio de 2008
JUAN LUIS CAMPEON DE EUROPA
En el día de ayer, Juan Luis Torre, nuestro maestro de Taekwondo y máximo responsable del Club de Casalarreinaasí como de la formación y los éxitos de veintitantos chavales del pueblo, ha conseguido el CAMPEONATO DE EUROPA DE POLICIAS Y BOMBEROS celebrado en Pontevedra.
No conforme con esto, se presentó a la final de 4x400 en atletismo y obtuvo la medalla de plata.
Nuestra más sincera enhorabuena por ambos logros.
Es un honor para el pueblo de Casalarreina contar entre sus vecinos a alguien tan entregado al deporte en general, al Taekwondo en particular y en sacar adelante a un club en nuestro municipio, trabajando continuamente, formando, enseñando y forjando a nuestros jóvenes.
De nuevo
¡ENHORABUENA!
viernes, 27 de junio de 2008
MANIFIESTO POR LA LENGUA COMUN
Miguel de CervantesDesde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural –nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés- sino de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.
Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:
1) Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas –el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.
2) Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas co-oficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc… en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello “normalización lingüística”).
3) En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua co-oficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.
4) Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que “las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.
Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:
1) La lengua castellana es común y oficial a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.
2) Todos los ciudadanos que lo deseen tienen derecho a ser educados en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.
3) En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser atendido institucionalmente en las dos lenguas oficiales. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.
4) La rotulación de los edificios oficiales y de las vías públicas, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc…en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.
5) Los representantes políticos, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.
Firmas: Mario Vargas Llosa, José Antonio de la Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, Jose Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, Jose Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater
Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:
1) Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas –el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.
2) Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas co-oficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc… en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello “normalización lingüística”).
3) En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua co-oficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.
4) Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que “las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.
Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:
1) La lengua castellana es común y oficial a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.
2) Todos los ciudadanos que lo deseen tienen derecho a ser educados en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.
3) En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser atendido institucionalmente en las dos lenguas oficiales. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.
4) La rotulación de los edificios oficiales y de las vías públicas, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc…en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.
5) Los representantes políticos, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.
Firmas: Mario Vargas Llosa, José Antonio de la Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, Jose Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, Jose Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater
Enlace para adhedirse al manifiesto:
Yo ya he firmado
miércoles, 25 de junio de 2008
25 Junio 1998
MANUEL ZAMARREÑO VILLORIA
MUERTO POR LA LIBERTAD
Ya han pasado diez años, pero no te olvidamos, ni a ti, ni a ninguno de los asesinados por los terroristas. Os seguiremos manteniendo en nuestra memoria, con dignidad y reclamando justicia.
IN MEMORIAM
Manuel Zamarreño Villoria, concejal del Partido Popular (PP) en Rentería (Guipúzcoa), de 42 años, resultó muerto el 25 de junio de 1998 al estallar una bomba colocada en una motocicleta cuando regresaba a su domicilio. El artefacto, compuesto por tres kilogramos de amonal, fue activado mediante un mando a distancia.
El ertzaina que le escoltaba a corta distancia, Juan María Quintana, también resultó herido. El edil sustituía en el Ayuntamiento de la citada localidad al también concejal del PP José Luis Caso, asesinado por ETA el 11 de diciembre de 1997 en un bar de Irún cercano a su domicilio. Había ocupado su escaño hacía escasamente un mes, el pasado 21 de mayo.
Zamarreño sufrió una dura campaña de amenazas con pintadas en las calles con su nombre dentro de una diana, fue el séptimo cargo público del PP asesinado por esta organización terrorista en poco más de tres años, dentro de la campaña de acoso que ETA mantiene contra los populares.
Zamarreño sufrió una dura campaña de amenazas con pintadas en las calles con su nombre dentro de una diana, fue el séptimo cargo público del PP asesinado por esta organización terrorista en poco más de tres años, dentro de la campaña de acoso que ETA mantiene contra los populares.
domingo, 15 de junio de 2008
viernes, 13 de junio de 2008
13 DE JUNIO 2008- DIA TRISTE
Palacio de los Condestables de Castilla13 de Junio de 2008
Un día triste para Casalarreina
Nota de Prensa del Grupo Municipal Popular
Ante el derrumbe de parte de la fachada del Palacio de los Condestables de Casalarreina producido hoy, día 12, el Grupo Municipal Popular de Casalarreina exige al Ayuntamiento de Casalarreina que se depuren responsabilidades de todo tipo y apoya la apertura de un expediente informativo anunciado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de La Rioja al respecto.
El Grupo Municipal Popular denuncia que las obras de rehabilitación de este edificio del siglo XVI llevaban varios meses paradas y sin ningún tipo de protección ni apuntalamiento en su fachada, gran parte de la cual se ha desprendido hoy, producto del abandono de la obra y del desinterés del Ayuntamiento. El resto de la fachada principal del edificio presenta un deterioro evidente y un estado tan precario que también podría derrumbarse en los próximos días.
El Grupo Municipal Popular exige al Ayuntamiento de Casalarreina que el Palacio de los Condestables se rehabilite en su totalidad garantizando la seguridad del edificio catalogado y de las personas, así como que se respetará integramente la fidelidad de la construcción con el original, impidiendo totalmente cualquier tipo de aprovechamiento urbanístico. Del mismo modo, el Ayuntamiento debe intervenir de forma urgente e inmediata para consolidar el resto de la fachada, y evitar su hundimiento, que parece inminente.
El Grupo Municipal Popular denuncia que las obras de rehabilitación de este edificio del siglo XVI llevaban varios meses paradas y sin ningún tipo de protección ni apuntalamiento en su fachada, gran parte de la cual se ha desprendido hoy, producto del abandono de la obra y del desinterés del Ayuntamiento. El resto de la fachada principal del edificio presenta un deterioro evidente y un estado tan precario que también podría derrumbarse en los próximos días.
El Grupo Municipal Popular exige al Ayuntamiento de Casalarreina que el Palacio de los Condestables se rehabilite en su totalidad garantizando la seguridad del edificio catalogado y de las personas, así como que se respetará integramente la fidelidad de la construcción con el original, impidiendo totalmente cualquier tipo de aprovechamiento urbanístico. Del mismo modo, el Ayuntamiento debe intervenir de forma urgente e inmediata para consolidar el resto de la fachada, y evitar su hundimiento, que parece inminente.
Nota: Otro tipo de comentarios, incluidas las valoraciones políticas, para próximos días.
lunes, 2 de junio de 2008
Nueva travesía N-232
Ya no tendremos que ver más veces esta imagen que ilustra la entrada, una terraza flanqueada por automóviles, y los camareros sorteando a los coches, con la bandeja en la mano.
Según hemos podido saber, el Alcalde y la compaña se han dignado resolver el concurso de ideas que habían anunciado, y con el dinero que se les dejó preparadito por la anterior corporación, van a levantar la carretera N-232, actual Avda. de La Paz, desde la intersección con la carretera de Cihuri hasta la Plaza del Doctor Palacios, y reordenar y reurbanizar todo ese tramo. Todo ese tramo, pero ni un metro más.
Pondrán una rotonda en el cruce, y otra en la Plaza Icona, eliminando todos y cada uno de los aparcamientos existentes en la actualidad, y obviamente no dando ninguna alternativa para el estacionamiento de vehículos en el centro del pueblo.
Van a estrechar la calzada dejándola en la mínima expresión, quedando una calle semi-peatonal, no importándoles en absoluto que sea la vía principal de Casalarreina, y que no existe ningún trazado alternativo para la circulación de tractores, remolques, camiones, furgonetas y vehículos particulares.
Bonito quedará muy bonito, pero práctico, en un municipio rural como el nuestro, con poco más de 1.000 habitantes, con nuestras necesidades y con la falta de alternativas de ningún tipo, muy poco práctico. Vamos, que si tuviera que hacer apuestas pensaría que el redactor de la idea es algún arquitecto “urbanita”, que solo sabe aparecer por los pueblos a imponer su forma y manera de ver las cosas, apoyado, eso si, por los progres del lugar que piensan que lo avanzado y lo moderno es destruir las esencias y las tradiciones de un pueblo para sustituirlas por las cosas que se hacen en las grandes urbes.
Aunque todavía y como es costumbre en este Equipo Totalitario Municipal no nos han dicho nada, ni una sola palabra de quien es el proyecto, de cuanto cuesta, de cómo se resuelve el concurso, de cuales son los plazos, etc…, me atrevo a apostar a que todo esto huele al regreso a Casalarreina del “recordado” arquitecto Ignacio de Cabo, ese al que Félix adjudicó a dedo la redacción del Plan General, que no se aprobó nunca, pero que hubo que pagar religiosamente.
¿Alguien acepta el envite?
Según hemos podido saber, el Alcalde y la compaña se han dignado resolver el concurso de ideas que habían anunciado, y con el dinero que se les dejó preparadito por la anterior corporación, van a levantar la carretera N-232, actual Avda. de La Paz, desde la intersección con la carretera de Cihuri hasta la Plaza del Doctor Palacios, y reordenar y reurbanizar todo ese tramo. Todo ese tramo, pero ni un metro más.
Pondrán una rotonda en el cruce, y otra en la Plaza Icona, eliminando todos y cada uno de los aparcamientos existentes en la actualidad, y obviamente no dando ninguna alternativa para el estacionamiento de vehículos en el centro del pueblo.
Van a estrechar la calzada dejándola en la mínima expresión, quedando una calle semi-peatonal, no importándoles en absoluto que sea la vía principal de Casalarreina, y que no existe ningún trazado alternativo para la circulación de tractores, remolques, camiones, furgonetas y vehículos particulares.
Bonito quedará muy bonito, pero práctico, en un municipio rural como el nuestro, con poco más de 1.000 habitantes, con nuestras necesidades y con la falta de alternativas de ningún tipo, muy poco práctico. Vamos, que si tuviera que hacer apuestas pensaría que el redactor de la idea es algún arquitecto “urbanita”, que solo sabe aparecer por los pueblos a imponer su forma y manera de ver las cosas, apoyado, eso si, por los progres del lugar que piensan que lo avanzado y lo moderno es destruir las esencias y las tradiciones de un pueblo para sustituirlas por las cosas que se hacen en las grandes urbes.
Aunque todavía y como es costumbre en este Equipo Totalitario Municipal no nos han dicho nada, ni una sola palabra de quien es el proyecto, de cuanto cuesta, de cómo se resuelve el concurso, de cuales son los plazos, etc…, me atrevo a apostar a que todo esto huele al regreso a Casalarreina del “recordado” arquitecto Ignacio de Cabo, ese al que Félix adjudicó a dedo la redacción del Plan General, que no se aprobó nunca, pero que hubo que pagar religiosamente.
¿Alguien acepta el envite?
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